¿A qué plazo pagan las Administraciones Públicas?

Diversos estudios convergen en un mismo punto: las Administraciones Públicas no están pagando todavía dentro de los plazos marcados por la Ley. Un estudio reciente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) reveló que el plazo medio de pago de las administraciones del Estado Español se encontraba en torno a los 111 días, cuando el plazo legal es de 30 días.

Hay que hacer notar que la normativa que establece los plazos legales de pago de la Ley de Contratos de las Administraciones ha sufrido muchos cambios en los últimos veinte años. Los legisladores se han dedicado a modificar y refundir los textos legales, de forma que si no eres un experto, es muy fácil desconocer los intríngulis de la legislación. Un punto de gran trascendencia para determinar el plazo real de pago es lo que se denomina: “dies a quo”, locución latina que significa fecha a partir de la cual empieza a contarse el plazo.

La antigua Ley 13/1995, establecía que el sector público tenía la obligación de pagar dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras que acrediten la realización del contrato. La derogada Ley 30/2007, dictaba que la Administración tenía la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de los correspondientes documentos que acrediten la realización del contrato, y, cuando no procedía la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se prestaba a duda o sea anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de sesenta días se contaba desde dicha fecha de recepción o prestación.

euroCon posterioridad la Ley 15/2010, hizo importantes modificaciones de la Ley 30/2007, y se añadió un párrafo que favorecía al contratista ya que establecía que cuando no procediera la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura se prestaba a duda, el plazo de treinta días se contaría desde dicha fecha de recepción o prestación. El Real Decreto Legislativo 3/2011, ratificó la obligación pagar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de los correspondientes documentos que acrediten la realización del contrato.

Ahora bien, la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor introdujo unos importantes cambios en la determinación del “dies a quo” para computar el plazo de pago.

  • En primer lugar introduce la norma que la Administración tendrá que pagar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados.
  • En segundo lugar la reforma legislativa establece que la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.
Esta regla permitió el acuerdo entre administraciones y contratistas para alargar el período de aprobación de las certificaciones y en consecuencia el de pago real de las facturas, lo que abrió la puerta a abusos contractuales ya que no se fijaba ningún límite para el plazo de aprobación.

Ante las protestas de la PMcM de que la Ley dejaba un resquicio legal que favorecía todo tipo de abusos hacia los pequeños contratistas, la Ley 13/2014, de 14 de julio ha introducido un enunciado en el artículo que regula el plazo que tiene la Administración para aprobar las certificaciones, frase que indica que el acuerdo no puede ser manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 3/2004.

No obstante la actual norma continúa dejando una vía de escape que sigue poniendo en riesgo la seguridad jurídica de la contratación pública y favoreciendo el alargamiento de los plazos de pago. Lo deseable para evitar abusos sería introducir un plazo máximo para la aprobación de las certificaciones que nunca pueda superar los treinta días y que no se pueda ampliar por acuerdo entre las partes, norma que ya existe en las operaciones B2B.

Pere Brachfield, director de estudios de la PMCM y profesor de EAE Business School