Delitos contra el honor del deudor: la injuria

Lo que en el lenguaje coloquial se denomina insulto, el Código Penal recoge en el párrafo 1º del art. 208 como injuria: “Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.

Según reiterada doctrina legal el tipo de las injurias, en su doble modalidad de delito o falta, exige la concurrencia de tres requisitos o elementos básicos:

  • a) Existencia de expresiones realizadas con propósito de lesionar la honra, el crédito o aprecio de las personas.
  • b) Es necesario un “animus iniurandi” que cuenta a su favor con una presunción de inocencia.
  • c) Una valoración determinante de la magnitud de la ofensa, que sirve de medida para graduarla punitivamente.

La acción constitutiva de injuria es habitualmente una expresión consistente tanto en imputar hechos falsos contra un deudor como en formular juicios de valor, que puede efectuarse verbalmente, por escrito o por medio de símbolos (por ejemplo caricaturas). La acción del acreedor ha de tener un significado objetivamente ofensivo, o sea debe considerarse que socialmente menoscaba la fama o atenta contra la propia estimación del injuriado. Ahora bien este significado ofensivo depende de diversas circunstancias y condicionantes puesto que expresiones que hace unos años podían ser gravemente ofensivas, en la actualidad han perdido gran parte de la fuerza y otras que antaño no se consideraban injuriosas, hoy en día pueden tener una carga ofensiva. Incluso puede depender de la posición social del agraviado.

Además, para que se considere injuria desde el punto de vista legal, el acreedor debe tener conciencia del carácter injurioso de la expresión y voluntad de realizarla. Esta voluntad es la intención específica de injuriar, lo que en latín se conoce como: “animus iniuriandi”. Por tanto no es suficiente con que la expresión sea objetivamente injuriosa y que el acreedor lo sepa, sino que se requiere un ánimo especial de injuriar.

La doctrina considera a la injuria como una incitación al rechazo social de una persona, un desprecio o una vejación de la misma.

De este modo, acciones objetivamente injuriosas, pero realizadas sin ánimo de injuriar, sino de hacer una broma (por ejemplo dar una palmadita en la espalda a un conocido y decirle “que tal estás hijoputa”), no son delitos de injurias sin solamente expresiones de mal gusto.

En el párrafo 2ª del artículo 208, el Código Penal establece que las injurias solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. Y en el párrafo 3ª de este precepto señala que las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. El concepto de gravedad, del que depende la catalogación de la injuria como delito, se determina en función de lo que en el concepto público se tenga por tal. Por ejemplo se ha considerado siempre grave la imputación de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias puedan perjudicar notablemente la reputación, crédito o buen nombre del injuriado, como por ejemplo llamarle drogadicto, borracho, prostituta, ludópata, etc. Asimismo los tribunales suelen considerar graves las injurias que por su naturaleza sean una afrenta, verbigracia escupir al agraviado además de insultarlo o hacerles gestos ofensivos. Vale la pena señalar que la injuria de carácter leve es siempre una falta según el art. 620, 2º de CP.

Unos ejemplos de de insultos a los que la jurisprudencia considera graves:”sinvergüenza, ladrón, todo lo que tenía lo había robado”, “bellaco y mentiroso”, “cabrón, gandul, hijo puta”.

La pena de las injurias graves varía, ya que según el artículo 209 del Código Penal, si son cometidas con publicidad la condena es multa de seis a catorce meses y si son sin publicidad, de tres a siete meses. La injuria se reputará hecha con publicidad cuando se propague por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante. En este caso, será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia. Cuidado porque la jurisprudencia entiende por publicidad la realización de la injuria por medio de impresos, carteles o pasquines pegados en sitios públicos, o sea que los acreedores no pueden ir con pancartas y empapelar el edificio del deudor con insultos como: “Pepe Maula, paga lo que me debes cabrón, chorizo, estafador”. Además se considera que hay publicidad cuando las injurias son emitidas ante un grupo de personas o en reuniones públicas.

Por tanto la práctica bastante frecuente de ir con un megáfono delante de la vivienda o establecimiento del deudor e insultarlo sería una injuria grave.

Muchas veces el acreedor profiere las injurias en el calor de una discusión por lo que el ánimo de injuriar queda notablemente atenuado cuando las frases proferidas responden a un estado psicológico de ira u ofuscación que carece del trasfondo pleno de deshonra del deudor. En estos casos es posible aplicar algunas circunstancias atenuantes como la de arrebato, ofuscación u obcecación. Asimismo es un atenuante (no un eximente) la retorsión, que consiste en el hecho de que el acreedor llegue a injuriar al moroso que le injurió antes. Ahora bien, para atenuar la pena, el acreedor siempre puede retractarse de las injurias.

A diferencia de la calumnia, la falsedad o veracidad de la expresión no forman parte del tipo penal, y por lo tanto la “exceptio veritatis” no actúa de igual forma. El Código Penal en su artículo 210 establece un régimen de “exceptio veritatis” pero solo cuando los agraviados sean funcionarios o cargos públicos con el fin de preservar el derecho a la información: «El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones administrativas».

Pere Brachfield, director de estudios de la PMCM y profesor de EAE Business School