El moroso según la legislación antimorosidad y la Directiva Europea contra la morosidad

Con la entrada en vigor el 31 diciembre 2004 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, (transposición de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo) si el comprador no paga el día del vencimiento, automáticamente se convierte en moroso, y en consecuencia deberá pagar el interés fijado en el contrato y en su defecto el fijado por la ley (Artículo 7. Interés de demora.).

En consecuencia no hace falta contrato previo, aviso o intimación por parte del acreedor para que el cliente se convierta en moroso y para el devengo del interés legal. Así pues la Ley 3/2004 establece –siguiendo las directrices marcadas por la Directiva 2000/35/CE– un tipo de interés legal de demora (en defecto de pacto entre acreedor y deudor) que será: “la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación, efectuada antes del primer día del semestre natural, más siete puntos porcentuales”. El tipo de interés legal de demora será actualizado cada semestre y publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda en el BOE.

En cuanto a la norma vigente en la actualidad, el artículo 5 de la citada Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales establece un mecanismo de constitución en mora del deudor muy similar al previsto en el Código de Comercio, ya que dicta que:

– “Artículo 5. Devengo de intereses de demora.
El obligado al pago de la deuda dineraria surgida como contraprestación en operaciones comerciales incurrirá en mora y deberá pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por esta Ley automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor.”
Al propio tiempo del artículo 6 dicta los requisitos para que el acreedor pueda exigir los intereses de demora: –”El acreedor tendrá derecho a intereses de demora cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:

  • a. Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.
  • b. Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso.”

Puede observarse, pues, que la Ley 3/2004 solamente exime al deudor del pago de intereses de demora cuando el acreedor ha incumplido previamente sus obligaciones contractuales. Tal y como se desprende de este artículo, el vencimiento del plazo contractual o legalmente previsto, sin que el deudor haya procedido al pago, implica la constitución en mora del mismo y que el acreedor tenga derecho a exigir intereses moratorios, salvo que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso (por causas de fuerza mayor).
Así las cosas, el incumplimiento del plazo previsto para el pago de la operación supone la automática constitución en mora del deudor sin necesidad de aviso o intimación previa algunos, por parte del acreedor. Consiguientemente vencido el plazo pactado por las partes para el pago de la deuda o en su defecto, transcurrido el plazo legal, al deudor moroso ya le es exigible un interés moratorio.

Por consecuencia cuando el proveedor haya cumplido con su obligación de entregar una mercancía al comprador, y éste incumple con su obligación de pagar el precio pactado por esos artículos el acreedor puede exigir al deudor el cumplimiento de la obligación dineraria incumplida, o sea reclamar el pago del principal adeudado sumando los recargos e intereses moratorios. Como hemos visto anteriormente, el artículo 341 del CCom ya señalaba que: “La demora en el pago del precio de la cosa comprada constituirá al comprador en la obligación de pagar el interés legal de la cantidad que adeude al vendedor”.

Asimismo hay que tener en cuenta lo que estipula la reformada Ley 3/2004 a través de la Ley 15/2010 de 5 de julio respecto a los retrasos en el pago de las obligaciones vencidas y la actual Directiva Europea 2011/7/UE de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales respecto a las indemnizaciones y gastos. La Directiva 2011/7/UE ha elevado en un punto porcentual el diferencial a aplicar, por lo que pasará de ser de siete puntos porcentuales a ocho a partir de 2013.

Pere Brachfield, director de estudios de la PMCM y profesor de EAE Business School