Cuando el deudor se convierte legalmente en moroso

El Código Civil regula la mora del deudor en el art. 1100: “Incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación

No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista:

  • Cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente.
  • Cuando de su naturaleza y circunstancia resulte que la designación de la época en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio, fue motivo determinante para establecer la obligación.
  • En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora para el otro”.

De este artículo se deducen los requisitos para que exista la mora cuando se trata de un deudor civil:

  • Existencia de un retraso en el cumplimiento de la obligación. Consecuentemente se puede alcanzar el interés del acreedor cuando el moroso cumpla tardíamente con su obligación, porque si no se puede satisfacer dicho interés estaríamos en un supuesto de incumplimiento absoluto y no de mora
  • Existencia de una obligación vencida y exigible
  • Que el retraso en el cumplimiento sea imputable al deudor, ya que si el retraso no se debe a dolo o culpa del deudor la jurisprudencia establece que se estaría ante un caso fortuito o de fuerza mayor, que como no es imputable al deudor, produce su liberación con la extinción de la obligación. Las consecuencias del retraso son distintas según sean debidas a una conducta dolosa o culposa del moroso, ya que en caso de dolo son las previstas en el art. 1107 del CC para el incumplimiento total definitivo. Hay que tener en cuenta que a falta de una norma específica en la Ley, el art. 1107 se aplica analógicamente a la mora; es decir en principio se presume que el deudor se retrasa en el cumplimiento por su culpa, por lo cual si alega que el retraso no le es imputable, tiene que demostrar que fue debido a la conducta del acreedor (mora de acreedor) o a caso fortuito o fuerza mayor
  • La previa reclamación judicial o extrajudicial por parte del acreedor al deudor del cumplimiento de la prestación. La norma general que dicta el párrafo 1º del art. 1100 es que la mora no se produce de forma automática por el retraso en el cumplimiento, sino que aparece a partir del momento en que el acreedor legítimo reclama al deudor el cumplimiento. El Código señala que sin esta previa reclamación no hay mora y que sólo a partir del requerimiento del acreedor comienza la mora para el deudor. El requerimiento se denomina intimación en terminología legal y puede ser judicial a través de una demanda o un acto de conciliación o extrajudicial cuando por cualquier medio que deje constancia fehaciente, el acreedor reclama el cumplimiento de la obligación. Es muy importante que quede constancia fehaciente de que se ha hecho esta intimación, ya que es a partir de su realización cuando empieza a contar la mora para el deudor y la ley exige al acreedor la carga de probar que ha hecho el requerimiento al moroso. Esta norma general de que no hay mora sin intimación hecha por el acreedor al deudor, tiene excepciones que determinan la existencia de mora automática desde la fecha en que no se ha realizado el pago; este supuesto es el de mora automática que se produce cuando las partes de la obligación han estipulado que no es necesaria la reclamación de cumplimiento, cuando una norma positiva así lo establezca (por ejemplo en operaciones comerciales lo que estipula la Ley 3/2004), o cuando se trata de obligaciones en las que los términos de la prestación permiten presumir que el momento del cumplimiento fue factor esencial para su constitución, de modo que no tendría sentido supeditar su eficacia a la previa reclamación.

Una vez que ha quedado acreditada la existencia de estos requisitos el deudor está en mora y aparecen los siguientes efectos:

  • El moroso debe cumplir, aunque sea más tarde, con la obligación acordada
  • Nace la obligación de indemnizar al acreedor por los daños que le haya causado por el retraso y que resulten acreditados, que es la regla general de responsabilidad que establece el art. 1101 CC tanto para el retraso en el cumplimiento como para el incumplimiento absoluto (Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas)
  • Si la prestación es dineraria, las consecuencias específicas que se producen son las señaladas en el art. 1108 del CC: “Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal”.

Pere Brachfield, director de estudios de la PMCM y profesor de EAE Business School

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