La morosidad sigue imparable en España

A finales de 2014 se cumplirán diez años después de la promulgación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Sin embargo, pasada una década de la entrada en vigor de la ley antimorosidad, España sigue sufriendo un problema crónico en los impagos y en la falta de respeto a los plazos máximos de pago legales de las operaciones comerciales.

Utilizando un símil futbolístico, compite ferozmente con otros países del sur de Europa como son Grecia, Italia y Portugal para ganar el campeonato de las peores prácticas de pago. En apoyo de esta afirmación, más adelante vamos a ver los datos publicados por una serie de informes sobre el comportamiento de pagos empresarial y la evolución de la morosidad.

Cuando la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, apareció publicada en el BOE, a muchos nos pareció que las Cortes Generales habían dado un paso de gigante para crear un marco legislativo que iba a aminorar la morosidad y las malas prácticas de pago. Hay que hacer notar que la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, no es una particularidad legislativa española, sino que es el resultado de la transposición de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000.

Los organismos comunitarios, muy preocupados por la problemática que implicaba la morosidad, promulgaron esta Directiva 2000/35/CE. Sus dos principales objetivos eran:

  • por un lado incentivar a las empresas privadas y a las administraciones públicas a respetar los plazos de pago en las operaciones comerciales,
  • y por otro evitar la imposición de plazos excesivamente dilatados por parte de las grandes empresas a sus proveedores pymes.
  • Un tercer objetivo oculto de la Directiva era armonizar de forma indirecta las diferentes prácticas de pago de los Estados de la UE, marcando un plazo de pago de referencia de 30 días –que es obligatorio por defecto en caso de inexistencia de pacto expreso– para la liquidación de las operaciones mercantiles entre empresas.

A pesar de las sucesivas reformas para reforzar la implementación de la legislación contra los malos pagadores,

España no ha conseguido poner en vereda a la morosidad y los plazos medios de pago en lugar de disminuir han aumentado hasta los 95 días según datos de un estudio sobre la “Situación de los Plazos de Pago en el B2B” presentado recientemente por Iberinform y Crédito y Caución en el marco del Observatorio de Riesgo de Crédito que impulsan con el IE Business School.

En la actualidad el plazo máximo de pago para las operaciones comerciales es de 60 días desde la entrega de los bienes. Asimismo, el Barómetro de Prácticas de Pago de Crédito y Caución reveló que

El 43,4% del valor total de las ventas a crédito no se pagan a su vencimiento y que las pérdidas por incobrables representan el 2,6% de las ventas (mientras que en Europa es del 1,7%)

Además el estudio sobre Comportamiento de Pagos de Empresas en España realizado en el tercer trimestre de 2014 por Informa D&B, compañía del Grupo CESCE, hizo patente que el retraso medio en los pagos sobre el plazo estipulado en las condiciones contractuales, fue de 17,62 días; dentro de Europa occidental es la tercera mayor media de mora, solo superada por Portugal e Italia. En 2014 el plazo medio de pago real de las empresas era de 94,75 días; y para más inri ha aumentado 3,45 días respecto al segundo trimestre del año. Vale la pena recordar que en la actualidad el plazo máximo de pago es de 60 días desde la entrega de los bienes.

Asimismo, España sale muy mal parada en el informe del Índice de Riesgo 2014 desarrollado por Intrum Justitia, puesto que para España el rating fue de176; calificación que nos coloca en la categoría de megamorosos. En tercer lugar, el Barómetro de Prácticas de Pago de Crédito y Caución reveló que el 43,4% del valor total de las ventas a crédito no se pagan a su vencimiento y que las pérdidas por incobrables representan el 2,6% de las ventas (mientras que en Europa occidental es del 1,7%).

Como colofón, tras analizar minuciosamente la información económica y financiera de las entidades con valores admitidos en mercados regulados y de compañías del Ibex 35 publicados por la CNMV, un informe presentado por la Plataforma multisectorial contra la morosidad (PMCM) reveló que el plazo medio de pago de las sociedades no financieras del selectivo asciende a 169 días, casi el triple del plazo máximo que marca la Ley. Dicho estudio dio un claro ganador: las empresas del sector de la construcción e inmobiliario, que registran el mayor retraso en la liquidación de sus facturas. El plazo de pago medio de los señores del tocho alcanza los 288 días, seguido a cierta distancia por el sector de servicios y comercio cuyo plazo de pago es de 253 días y el industrial con 230 días.

Estas desorbitadas cifras referentes a los plazos de pago a proveedores que presentan los colosos de la bolsa, contrastan con los períodos medios de cobro que estos titanes cotizados muestran en sus estados financieros, ya que se trata de periodos de pago notablemente menores. Por esto no vale la manida excusa de que tienen que pagar tarde porque cobran muy tarde. Las grandes cotizadas españolas cobran en promedio a solo 78 días, los señores del ladrillo a 125, el sector industrial cobra a 112 y el sector de servicios y comercio hace caja en solo 74. Estos datos evidencian que muchas de estas compañías cotizadas se financian a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos. Además, en 2013, los balances de la CNMV ponen de manifiesto que las empresas del selectivo pagaron más de 47.300 millones de euros sobrepasando los 60 días legales.

Por contra, resulta curioso que las compañías no financieras del selectivo español han realizado en los últimos años grandes esfuerzos para reducir su cuantiosa deuda financiera con el objetivo de sanear sus balances, logrando rebajar su pasivo bancario en 42.500 millones de euros para sanear sus balances y mejorar sus condiciones para acceder de nuevo al mercado del crédito que las entidades financieras van a abrir dentro de poco. Que cada uno saque sus conclusiones al respecto.

Un modelo diametralmente opuesto es el de Francia, donde se aprobó recientemente la “Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014” para conseguir un mayor cumplimiento de los plazos de pago de 60 días introducidos en el 2009 por la “Loi de Modernisation de l’Économie”. Esta ley ha establecido nuevas sanciones administrativas en caso de que un comprador no respete los aplazamientos de pago. El incumplimiento puede ser sancionado con una sanción administrativa de hasta 375.000 € para las sociedades y de 75.000 € para las personas físicas. El importe de la sanción será el doble en caso de reincidencia en el incumplimiento. Los resultados de estas medidas para combatir la morosidad han sido muy positivos, ya que antes de la promulgación de la LME, en Francia, el plazo medio de pago para las operaciones comerciales estaba en 67 días y en la actualidad el plazo medio está en 44 días.

Pere Brachfield
Profesor de EAE Business School

1 comentario en “La morosidad sigue imparable en España

  1. Soy partidario de que se debería penalizar el incumplimiento de las condiciones de pago acordadas, el problema está en que el Estado es el primero que incumple los plazos, porque es incapaz de cumplir con la Ley. Una vez el Estado dé ejemplo, la penalización por incumplimiento debería hacerse inminente.
    Mientras tanto, es lógico que, con el crédito cerrado para el mercado, las empresas se financien vía proveedorees, pero esto va en contra de PYMES, beneficiando a las Grandes compañías y si tenemos en cuenta que nuestro tejido empresarial, es principalmente PYMES, es “la pescadilla que se muerde la cola”.
    Por todo ello, abogo por un cambio cultural y empresarial, empezando por el Estado, si queremos que esto empiece a funcionar, que los PMC´s sean lo que deben ser y no que sirvan como modelo de financiación para beneficio de unos pocos, principalmente las grandes compañías.
    Mientras tanto, no nos queda más remedio que seguir luchando y hacernos oír en foros como el que nos ocupa, para que la morosidad no caiga en olvido y se de por bueno el retraso en el cobro, como forma de pago instaurada, “por razones culturales”.

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