En España todavía no se ha aprobado la transposición de la nueva legislación europea antimorosidad

“Los textos de Ley no difieren de ningún modo de las telarañas; retienen al igual que ellas, los débiles y pequeños que se encuentran atrapados, pero, bajo el peso de los fuertes y ricos se rompen”

Plutarco en la Vida de Solón

 

Los problemas de cobro y los plazos de pago en las empresas españolas

Aquellos tiempos en los que la palabra era suficiente para garantizar el buen fin de las operaciones comerciales y en los que los malos pagadores eran señalados con el dedo y marginados de la actividad mercantil han pasado a la historia.

La moralidad en el mundo de los negocios no sanciona las malas prácticas de pago y hoy en día el retrasar intencionalmente los pagos a los proveedores se considera muchas veces como equivalente a una buena gestión empresarial.

En la actualidad se han extendido universalmente unos nefastos hábitos de pago que suponen un riesgo importante para las empresas proveedoras de bienes y servicios.

Indudablemente la morosidad se ve poderosamente influida por los ciclos económicos, puesto que en los ciclos de bonanza económica la morosidad disminuye notablemente. Pero esto no supone la erradicación del virus de la morosidad, que es endémico en España por lo que durante las fases de prosperidad económica el virus de la morosidad se encuentra en estado de hibernación.

A pesar de que durante los períodos de bonanza económica la morosidad alcanza unos niveles tan bajos que provoca la falsa impresión de que el problema ha desaparecido definitivamente, la evolución cíclica de la coyuntura económica, la subida de los tipos de interés así como los cambios coyunturales provocan un aumento de la morosidad que siempre supone un mayor riesgo de quebrantos económicos para las empresas.

Hay que destacar que una de cada tres quiebras en España se debe al retraso en los pagos de las facturas. Los motivos más frecuentes que conducen a las empresas a presentar la solicitud de concurso de acreedores por falta de liquidez para cumplir con sus obligaciones de pago son:

  • Verse afectadas por una alta morosidad de sus clientes.
  • Experimentar insolvencias definitivas de algunos de sus deudores.
  • Ser a su vez acreedores en un procedimiento concursal de un cliente importante insolvente, lo que les ha dejado sin liquidez para afrontar sus pagos a corto.
  • Sufrir importantes retrasos en los pagos por parte de las administraciones públicas.

La lucha de la CE contra la morosidad; la Directiva Europea 2000/35/CE del Parlamento Europeo

El 29 de Junio del 2000 fue definitivamente aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, la Directiva 2000/35/CE relativa a las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El motivo de la promulgación de la Directiva Europea contra la morosidad fue que durante los últimos años se había producido un notable deterioro de las prácticas de pago en Europa; este problema suponía un riesgo importante para las empresas proveedoras de bienes y servicios. La CE se percató que el deterioro de las prácticas de pago no sólo se debía a factores coyunturales, sino que también reflejaba una evolución estructural de las relaciones entre empresas. Por lo tanto el fenómeno de la morosidad no se debía imputar únicamente a la evolución de los ciclos económicos, sino que también existían causas estructurales que lo estaban fomentando.

La Directiva establece –entre otras cosas– un plazo de pago de referencia aplicable cuando no exista pactado otro distinto de 30 días, y que todo retraso en relación con este plazo dará derecho automáticamente a los acreedores a percibir intereses de demora.

El interés de demora corresponderá a la suma del tipo de interés de refinanciación del Banco Central Europeo más (al menos) 7 puntos porcentuales. Además el acreedor tendrá derecho a reclamar una compensación por todos los costes de cobro que haya sufrido a causa de la morosidad de éste. Y el punto más candente que seguramente provocó el retraso del Gobierno en transponer la directiva: “no se discriminará entre el sector público y privado, por lo que el sector público será objeto del mismo tratamiento que el privado”. Consiguientemente las administraciones públicas quedarán sujetas a la Directiva en lo concerniente a los pagos a sus proveedores.

Los principales puntos de la Directiva Europea 2000/35/CE contra la morosidad en las operaciones comerciales

A continuación vamos a exponer los principales puntos de la Directiva 2000/35/CE contra la morosidad.

  • La Directiva fue aprobada el 29 junio del 2000 por el Parlamento Europeo y Consejo
  • Debería haber entrado en vigor en todos los estados de la UE como más tarde el 8 de agosto del 2002
  • Afecta a todas las operaciones mercantiles entre empresas
  • Se considera que es empresa a cualquier persona jurídica o física que se dedique a actividades mercantiles
  • También incluye a las operaciones realizadas entre empresas y administraciones u organismos públicos
  • No se aplicará en ningún caso la directiva a aquellas operaciones en las que los compradores sean consumidores
  • La directiva no pretende armonizar los plazos de pago en Europa
  • Deja libertad contractual a las partes para determinar un plazo de pago razonable para el abono de las operaciones a crédito pero obliga a pagar intereses moratorios en caso de incumplimiento o retraso en pagar la factura
  • En la directiva se fija un plazo de 30 días como período de referencia para el pago de las operaciones comerciales
  • Este plazo servirá para determinar la fecha de pago de la factura solamente si no hay pacto expreso entre las partes que haya determinado otro aplazamiento mayor o menor
  • El cómputo del plazo de pago se inicia a partir de la fecha de recepción de la factura o de recepción de la mercancía por parte del cliente
  • Los Estados miembros de la UE podrán fijar plazos de pago de 60 días en las operaciones en las que intervengan las administraciones u organismos públicos
  • En estos casos el plazo de exigibilidad de los intereses será a partir de los 60 días
  • La directiva obliga al comprador a pagar intereses moratorios si se produce un retraso en el pago de la factura
  • Se entiende que siempre existirá período de morosidad si el cliente no paga la factura a su vencimiento
  • Por lo tanto cualquier retraso respecto a la fecha de pago contractual devengará de forma automática intereses moratorios y obligará al deudor a pagar dichos intereses de penalización al proveedor
  • No será necesario incluir en el contrato la obligación de pagar intereses de demora, ni hacer ningún requerimiento de pago o intimación al deudor, ni siquiera será necesario comunicarle que ha incurrido en mora
  • La idea es que el moroso pague elevados intereses disuasorios y compensaciones por los gastos de cobro
  • Se ha fijado un tipo de interés moratorio para la zona euro en defecto de pacto contractual sobre el interés de demora entre comprador y vendedor
  • El interés de demora se calcula sumando 7 puntos porcentuales al tipo de interés de aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de refinanciación efectuada antes del primer día natural del semestre de que se trate.
  • Los países de la UE pero no de la eurozona fijarán un tipo de interés equivalente al del BCE
  • El acreedor tendrá derecho a una compensación por todos los costes de cobro
  • Los costes de cobro son los generados por operaciones bancarias, los administrativos, los procesales, los de terceras partes
  • Estos costes se incluyen en el pago a no ser que el deudor no sea responsable del retraso
  • La directiva determina la reserva de dominio por la que el vendedor conserva la propiedad de los bienes hasta el pago total del precio
  • La directiva introduce el principio de prohibición de abusar de la libertad contractual
  • Cuando los plazos pactados sean abusivos para el acreedor no serán válidos
  • Para considerarse abusivas se tendrán en cuenta todas las circunstancias del caso, entre ellas los usos habituales del comercio y la naturaleza del producto
  • Los estados deberán crear medios adecuados y efectivo para evitar que sigan aplicándose cláusulas abusivas
  • Los representantes de las empresas (patronales, gremios) podrán denunciar los abusos ante los órganos competentes para evitar los abusos
  • Los estados velarán para que en los procedimientos judiciales de cobro no impugnados sean ágiles y efectivos
  • Por ello independientemente del importe de la deuda, en un plazo de 90 días naturales a partir de la presentación de la demanda se pueda obtener un título ejecutivo

Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011

La CE y la Eurocámara se dieron cuenta que la Directiva 2000/35/CE no había podido solucionar el problema de la morosidad en los países del sur de Europa, en particular los retrasos en el pago de las administraciones.

Por consiguiente en abril de 2009 la CE presentó una propuesta de Directiva para que las administraciones públicas abonen en un máximo de 30 días sus deudas con las pequeñas y medianas empresas. Asimismo la Directiva tiene como objetivo reducir los plazos de pago interempresariales y evitar los abusos de las grandes empresas a la hora de imponer condiciones de pago abusivas a sus proveedores.

Tras un largo trámite legislativo, la Eurocámara aprobó finalmente la reforma de la Directiva 2000/35/CE y el 23 de febrero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La misma Directiva introduce importantes cambios en la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000, refundiendo sus disposiciones por motivos de claridad y racionalización.

En primer lugar del texto de la Directiva 2011/7/UE debe tenerse presente su “Considerando” nº 7 que dice literalmente: “Una de las acciones prioritarias de la Comunicación de la Comisión de 26 de noviembre de 2008, titulada «Un Plan Europeo de Recuperación Económica», consiste en reducir las cargas administrativas y fomentar la iniciativa empresarial, entre otras cosas, asegurándose de que, en principio, las facturas por suministros y servicios, incluidas las correspondientes a las PYME, se paguen en el plazo de un mes con el fin de aliviar sus problemas de liquidez.

Este Considerando es fundamental para entender el espíritu de la Directiva 2011/7/UE que es señalar un plazo de pago normalizado de 30 días en el ámbito de la UE. En este período de pago los Eurodiputados han incluido no sólo a los deudores públicos sino además a los clientes privados.

En segundo lugar hay que destacar el “Considerando” 12 que advierte que es necesario un gran cambio en los comportamientos financieros y que es imperativo adoptar una nueva cultura de pago sin demora. Para conseguir esta revolución cultural e invertir la tendencia de que la morosidad constituya un comportamiento beneficioso para el deudor, es imperativo garantizar que las consecuencias del retraso en el pago sean disuasorias.

Este cambio debe incluir el establecimiento de la duración máxima de los plazos de pago, previendo la compensación para los acreedores por los costes en que hayan incurrido, así como la consideración, como condiciones contractuales abusivas y prácticas comerciales abusivas, de la exclusión del derecho a cobrar intereses y del derecho a compensación por costes de cobro.

El Artículo 1 de la Directiva 2011/7/UE, de Objeto y ámbito de aplicación señala que:

  1. El objeto de la presente Directiva es la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales a fin de asegurar el funcionamiento adecuado del mercado interior, fomentando de este modo la competitividad de las empresas y, en particular, de las PYME.
  2. La presente Directiva se aplicará a todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales”.

Para las operaciones comerciales en el ámbito del B2B, entre los cambios introducidos por la Directiva 2011/7/UE destacan los siguientes. Primero la Directiva pretende combatir la morosidad penalizando al deudor con un nuevo interés moratorio más elevado que el que marcaba la anterior Directiva 2000/35/CE.

El nuevo tipo equivaldrá al tipo de referencia del BCE aumentado en (al menos) ocho puntos porcentuales. En segundo lugar proteger al proveedor del abuso por parte del comprador para que éste no le imponga plazos de pago excesivamente largos al fijar de forma indirecta un período de pago europeo normalizado de 30 días y establecer como norma general, que los plazos de pago de los contratos entre empresas no excedan de 60 días naturales salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor. En tercer lugar la Directiva dicta que si no hay contrato, el plazo de pago será obligatoriamente de 30 días, contados después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura. En cuarto lugar aunque la Directiva establece una norma general de libertad contractual para pactar plazos superiores a los 60 días en los contratos, esta autonomía de la voluntad de las partes está estrictamente limitada por la posible declaración de abusividad de las cláusulas contractuales que de modo injustificado difieran del plazo de 30 días.

Consecuentemente la Eurocámara aspira conseguir que las operaciones comerciales en Europa se abonen como máximo a los 30 días, salvo cuando existan situaciones excepcionales que justifiquen un mayor aplazamiento.

En quinto lugar Los Estados miembros se asegurarán de que cuando sea pagadero el interés de demora en las transacciones comerciales, el acreedor tenga automáticamente derecho a cobrar al deudor una cantidad fija de 40 euros por factura impagada. Los Estados miembros se asegurarán de que la cantidad fija de 40 euros sea pagadera sin necesidad de recordatorio como compensación por los costes de cobro en que haya incurrido el acreedor. Vale la pena decir que el cobro de esta penalización fija no excluirá su derecho a recibir una compensación por todos los gastos de cobro provocados por el impago. Consecuentemente además de la cantidad fija de 40 euros, el acreedor tendrá derecho a obtener del deudor una compensación razonable por todos los demás costes de cobro que superen la cantidad fija y que haya sufrido a causa de la morosidad de este.

Esta indemnización podría incluir, entre otros, los gastos que el acreedor haya debido sufragar para la contratación de un abogado o una agencia de gestión de cobro. Este punto es una novedad muy interesante ya que en España si no se presenta una demanda judicial no se acostumbra a reclamar al moroso los gastos de abogado. Tampoco se reclaman al deudor los honorarios de las empresas de recobro que gestionan la recuperación de las facturas, y que suelen ser asumidas íntegramente por el acreedor. Además esta norma europea obligará a modificar la legislación española contra la morosidad, en particular el artículo 8 de la Ley 3/2004 que se refiere a la indemnización por los costes de cobro.

Cuando las operaciones sean entre empresas y poderes públicos, la Directiva establece que los Estados miembros de la UE se asegurarán de que, en las operaciones comerciales en las que el deudor sea un poder público, el acreedor tenga derecho a cobrar a un plazo que no supere los 30 días naturales después de la fecha en que la Administración Pública deudora haya recibido la factura.

En caso de incumplimiento del plazo de pago el contratista tendrá derecho a percibir intereses legales de demora, sin necesidad de aviso de vencimiento. En caso de que la fecha de recibo de la factura resulte dudosa, el plazo de pago será de 30 días naturales después de la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. Los Estados miembros podrán ampliar los plazos de pago de 30 días, hasta un máximo de 60 días naturales cuando se trate de situaciones especiales, por ejemplo cuando se trate de entidades públicas que presten servicios de asistencia sanitaria. No obstante los Estados miembros se asegurarán de que en los contratos no se fijen plazos de pago más largos de 30 días, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que ello esté objetivamente justificado por la naturaleza o las características particulares del contrato y que, en ningún caso, excedan de 60 días naturales.

De forma paralela la Directiva introduce un aspecto muy importante en la práctica empresarial, que consiste en que los Estados deben incluir disposiciones que permitan a las entidades oficialmente reconocidas como representantes de
empresas, el ejercicio de acciones ante los tribunales o los órganos administrativos competentes para que éstos resuelvan si las cláusulas o las prácticas comerciales, incluidas las que se refieran a un contrato individual, resultan abusivas, de forma que los mismos puedan aplicar las medidas adecuadas y efectivas para evitar que se utilicen. Bajo mi punto de vista esta es una medida vital para combatir los abusos contractuales y otorgar legitimación activa a las asociaciones patronales para proteger a sus asociados.

Además la Directiva advierte que dado que la morosidad es un fenómeno con numerosas causas interrelacionadas, no sólo se debe combatir con medidas legales, sino que es necesario que los Estados de la UE implementen medidas complementarias que contribuyan a despertar una buena cultura de pagos.

Este abanico de medidas incluye promover publicaciones profesionales, campañas de promoción o de cualquier otro tipo de medios funcionales para incrementar la sensibilización respecto a la problemática de la morosidad. Otra instrucción que introduce la Directiva es que los Estados llevarán a cabo acciones que contribuyan a desarrollar una cultura de pago entre las empresas.

También los Estados deberán velar por el establecimiento de códigos éticos de buen comportamiento en los pagos. Otro punto que incorpora la Directiva es el fomento del uso de la mediación en caso de surgir impagos.

La Directiva vuelve a insistir en la importancia de la “Reserva de dominio” estableciendo que los Estados miembros dispondrán, de conformidad con la normativa nacional aplicable con arreglo al Derecho internacional privado, que el vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta el pago total del precio, siempre que se haya convenido expresamente una cláusula de reserva de dominio entre comprador y vendedor antes de la entrega de los bienes.

Asimismo la Directiva 2011/7/UE recalca la necesidad de que en los Estados de la UE existan procedimientos de cobro de créditos no impugnados, dictando textualmente lo siguiente: “Los Estados miembros velarán por que se pueda obtener un título ejecutivo, incluso a través de un procedimiento acelerado, e independientemente del importe de la deuda, normalmente en un plazo de 90 días naturales a partir de la presentación de la demanda o de la solicitud por parte del acreedor ante el tribunal u otra autoridad competente, siempre que no haya habido impugnación de la deuda o de cuestiones del procedimiento. Los Estados miembros llevarán a cabo esta tarea de conformidad con sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales”.

La Directiva 2011/7/UE indica el plazo para la transposición obligatoria del contenido jurídico de sus normas a las distintas legislaciones comunitarias, señalando que los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos de la Directiva a más tardar el 16 de marzo de 2013.

Finalmente la nueva legislación europea no ha de suponer un impedimento para que en España nuestro legislador haya adoptado (o adopte en el futuro) medidas más estrictas que las que va a introducir la Directiva 2011/7/UE, puesto que la propia Directiva establece en el apartado 3 del artículo 12 que: “Los Estados miembros podrán mantener o establecer disposiciones que sean más favorables para el acreedor que las necesarias para cumplir la presente Directiva”.

En este sentido se ha pronunciado el Sr Antonio Tajani, comisario europeo de Industria y Emprendimiento de la Comisión Europea en respuesta a una consulta de eurodiputados españoles. El comisario Tajani en su respuesta del 17 de marzo de 2011 dice literalmente lo siguiente: “La nueva Directiva aclara que los Estados miembros podrán mantener o establecer disposiciones que sean más favorables para el acreedor que las necesarias para cumplir dicha Directiva. Por lo tanto, nada impide a los Estados miembros armonizar el plazo de pago en las operaciones comerciales entre empresas a nivel nacional. Es el caso de España, que adoptó una nueva ley en julio de 2010, con arreglo a la cual los deudores tendrán que pagar en el plazo de sesenta días”.

EN ESPAÑA TODAVÍA NO SE HA APROBADO LA TRANSPOSICIÓN DE LA NUEVA LEGISLACIÓN EUROPEA EN LAS CORTES

A ver si el Gobierno de Mariano Rajoy toma buena nota de la diligencia de nuestros vecinos galos y realiza la transposición de la Directiva Europea sin necesidad de esperar hasta el último día que recordemos es el 16 de marzo de 2013 o sea que la fecha límite está a la vuelta de la esquina.

Esperemos que no nos pase como cuando se hizo la transposición la Directiva 2000/35/CE relativa a las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En aquella época se hizo la transposición de la Directiva 2000/35/CE antimorosidad con más de dos años y medio de retraso sobre el calendario marcado por la Eurocámara.

Pere Brachfield, director de estudios de la PMCM y profesor de EAE Business School

2 comentarios en “En España todavía no se ha aprobado la transposición de la nueva legislación europea antimorosidad

  1. Gracias Pere por tu trabajo puntual y riguroso.
    Sin duda sobre todo en las circunstancias actuales es muy dificil cambiar nada, pero sin ti creo que seria imposible.

    Mi sincero deseo de PROSPERO 2013!

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