La importancia de incluir en el contrato un pacto de mora automática

La mejor forma de motivar que deudores de entidades financieras que sean personas físicas no comerciantes, o personas que son consumidores finales o particulares que son usuarios de servicios, cumplan con puntualidad sus obligaciones es penalizando económicamente su retraso, para esto es preciso que incurran legalmente en mora (sean jurídicamente morosos).

En las obligaciones que se rigen por el Código Civil la legislación actual reconoce la mora cuando el acreedor exige judicialmente o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación, pero también admite la posibilidad de que no sea necesaria el requerimiento al deudor –para que la mora exista– cuando la obligación lo declare expresamente (existencia de un pacto).

La ley también determina que si la obligación consistiera en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio en el interés legal.

Por este motivo es conveniente que el acreedor incluya en el contrato un pacto de mora automática y se determinen los intereses moratorios convencionales. Esta cláusula provocará que en caso de retraso en el pago el deudor incurra en mora –a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento– sin necesidad de requerimiento del acreedor, pudiendo éste exigirle el abono de un interés de demora sobre las cantidades adeudadas.

Es importante tener en cuenta que el interés de demora convencional que se determine puede ser igual o superior al tipo de interés legal, pero si es superior ha de estar dentro de unos límites razonables.

Una ventaja más para el acreedor en caso de tener que reclamar judicialmente el pago de la deuda es que los intereses de demora vencidos y no liquidados por el deudor devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación hay guardado silencio sobre este punto.

Las cláusulas de mora en contratos mercantiles

En lo que concierne a la mora entre empresas, hay que señalar que la legislación mercantil actual, –desde la promulgación de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales– no exige la existencia de cláusulas de mora en los contratos de operaciones mercantiles entre empresarios, ni obliga a requerir al deudor cuando la obligación de pago deba cumplirse determinado día señalado por la voluntad común de los contratantes.

Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles comenzarán en los contratos al día siguiente de su vencimiento y si no hubiera contrato escrito, a los 30 días de haber recibido el cliente la factura o en su caso la mercancía.

Los tipos de interés moratorio se pueden fijar libremente en el contrato, y si no existe pacto se aplicará el interés moratorio que establece la Ley 3/2004.

Por lo tanto se deduce la conveniencia de que exista un contrato que señale los intereses moratorios que se devengarán después del vencimiento de la obligación y los gastos de gestión de cobro que deberá pagar el moroso, por lo que el acreedor puede establecer –y es aconsejable hacerlo siempre– una cláusula adicional en el contrato en la que se pacten unos intereses moratorios superiores al interés legal y que refuerce su derecho a reclamar los intereses de demora y gastos de gestión de cobro, a partir del día en que se produzca el impagado.

Las cláusulas penales en el contrato de compraventa

Una buena protección contra posibles incumplimientos son las denominadas cláusulas penales –también se conocen como penas convencionales– que deben pactarse expresamente por las partes en el contrato de compraventa o de servicios. La libertad contractual de las partes permite al acreedor –siempre que no incurra en abusos– determinar unas determinadas penalizaciones en previsión a los posibles incumplimientos del deudor.

Las cláusulas penales deben establecer que si el deudor no cumple debidamente con sus obligaciones, además del principal de la deuda, deberá pagar unas determinadas cantidades al acreedor –una sanción económica– como consecuencia de su incumplimiento.

Las cláusulas penales también tienen un efecto disuasivo del impago, puesto que el moroso se lo pensará dos veces antes de incumplir este tipo de obligaciones, ya que es consciente de que saldrá perjudicado económicamente.

Por lo tanto las cláusulas penales sirven para motivar al deudor –tocando su punto débil, el bolsillo– a cumplir puntualmente con sus pagos.

A menos que se pacte otra cosa en el contrato, la pena convencional sustituye a la indemnización por daños y perjuicios, con la ventaja para el acreedor de no tener que demostrar la existencia ni la cuantía de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del deudor.

No obstante se puede pactar la pena convencional como complementaria a la indemnización por daños y perjuicios por lo que el acreedor puede reclamar el importe nominal de la deuda, la cantidad convenida en la cláusula penal y los intereses moratorios.

El acreedor tiene libertad contractual para establecer las cláusulas penales que considere oportunas, no obstante según las circunstancias y el grado de incumplimiento del moroso, los tribunales pueden atenuar las penalizaciones pactadas o incluso modificarlas.

La cláusula de reserva de dominio

Desde la promulgación de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales los proveedores pueden incluir en el contrato una cláusula de reserva de dominio.

En los casos de venta de bienes de equipo, maquinaria, vehículos u otros bienes muebles con pago aplazado o fraccionado en varios vencimientos el acreedor puede establecer en el contrato de compraventa una cláusula de reserva de dominio, de forma que mientras el deudor no satisfaga la totalidad del precio del bien vendido, no podrá gozar de la plena propiedad y disposición del mismo.

Aunque al comprador se le entrega el objeto vendido, el proveedor se reserva la propiedad de la cosa vendida, ya que aunque al comprador se le entrega la posesión del objeto, el dominio sigue perteneciendo al vendedor.

El comprador podrá utilizar el objeto pero hasta que no cumpla totalmente su obligación de pagar el precio no se le transfiere la plena propiedad.

Con la reserva de dominio se puede evitar que un moroso sin escrúpulos no sólo no efectúe el pago de los bienes al acreedor, sino que además los venda a un tercero de buena fe, lucrándose con la venta.

También se evita que los bienes sean embargados por un tercer acreedor que reclame judicialmente su deuda.

Además de la reserva de dominio se puede incluir una cláusula resolutoria del contrato, en la que se establece que si el deudor incumple la obligación de pago de cualquiera de los plazos, el acreedor podrá retirarle el objeto vendido y quedarse con la totalidad –o parte– de los importes ya pagados como indemnización por el desgaste sufrido por el bien.

Contratos intervenidos por Fedatario Público

El notario es un profesional expecialista en derecho privado y puede redactar e intervenir contratos. La primera ventaja de este tipo de contratos intervenidos por fedatario público es la incontrovertibilidad de la prueba notarial, lo que evita el pleito en muchos casos; el deudor no puede alegar falsedad de la firma, falta de poderes del representante o alguna problemática respecto a la fecha de celebración del contrato.

La segunda ventaja es que a los efectos del artículo 517.2.4º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil, se considerará título ejecutivo aquella copia que el interesado solicite que se expida con tal carácter.

Asimismo los notarios darán fe en las escrituras públicas y en aquellas actas que por su índole especial lo requieran de que conocen a las partes o de haberse asegurado de su identidad y capacidad para obligarse por los medios establecidos en las leyes y reglamentos.

Pere Brachfield, director de estudios de la PMCM y profesor de EAE Business School