Quiénes acceden a la información que figura en los registros de morosidad

El artículo 29 de la LOPD regula que cuando el interesado lo solicite, el responsable del tratamiento le comunicará los datos, así como las evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y dirección de la persona o entidad a quien se hayan revelado los datos. 

Puede el acreedor revelar a terceras personas un deudor que figura en los registros de morosidad como medida de presión para que pague la deuda?

La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal establece en su artículo 10 el deber de secreto, de tal forma que el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.

Basándose en dicho deber, cualquier entidad que maneje información personal, estará obligada a mantener la confidencialidad de la misma y a no ceder dicha información a nadie sin el consentimiento del titular de los datos personales, salvo que se diera alguna de las excepciones reguladas en el artículo 11 de dicha Ley.

La vulneración del deber de secreto puede constituir falta leve. Si la información revelada se refiere a datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios financieros y aquellos ficheros cuyo funcionamiento se rija por el artículo 29 de la LOPD, constituye infracción grave.

Puede una empresa de recobros reclamar la deuda utilizando los datos del deudor sin que éste haya autorizado la cesión de los mismos?

La lentitud y el elevado coste de los instrumentos judiciales para cobrar a los morosos recalcitrantes han provocado la aparición de cientos de empresas privadas que se dedican a la recuperación extrajudicial de deudas. Hay que hacer notar que en España la contratación de empresas de recobro que actúan dentro de la legalidad, es decir, sin extralimitaciones como amenazas, coacciones y vejaciones, es totalmente lícita.

Las empresas de recobros prestan servicios a terceras entidades y en virtud de ese servicio lógicamente necesitan conocer datos personales de los clientes de la empresa que las ha contratado por tanto, este acceso a los datos no puede considerarse una cesión o comunicación de datos personales así como tampoco necesita del consentimiento de los titulares de los datos para tratarlos ya que, el tratamiento que realiza una empresa de recobro es aquel que deriva del servicio prestado al responsable del fichero o tratamiento.

Por lo general las agencias de recobro indican en las cartas de reclamación que envían al deudor que los datos personales que obran en su poder han sido proporcionados por el acreedor que es el responsable del fichero en el que obran los mismos y respecto al que la empresa de recobros actúa como mero encargado del tratamiento con plena sujeción a lo dispuesto en la LOPD y en el RLOPD.

Sin embargo, para que el tratamiento de datos personales que realiza una empresa de recobro sea considerado legal desde el punto de vista de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), debe haber firmado previamente un contrato de prestación de servicios que le habilita para acceder a los datos personales del responsable y cuyas características están reguladas en el artículo 12 de la LOPD.

La empresa de recobro cuando se dirige al deudor solicitando el abono de la deuda debe informar del nombre de la empresa que es titular del crédito impagado, por tanto

en las notificaciones de la empresa de recobros debe constar la identificación del acreedor que será el que la ha contratado para que reclame el crédito impagado, así como el procedimiento establecido para satisfacer la deuda.

Si el interesado no mantiene ninguna deuda con su acreedor puede ejercer su derecho de cancelación ante la empresa de recobro aportando documentación suficiente para acreditar la inexistencia de la deuda. El derecho de cancelación es personal y debe ir acompañado de copia del DNI del afectado o bien ejercerlo a través de un representante legal debidamente acreditado.

Asimismo, si se diese una inclusión indebida en un fichero de solvencia patrimonial y crédito, el afectado podrá denunciarlo frente a la Agencia Española de Protección de Datos.