Los daños morales por incluirte indebidamente en registros de morosos deben indemnizarse

La reciente jurisprudencia ha dictado que la inclusión indebida en registros de morosos vulnera el derecho al honor y debe ser indemnizado. En apoyo a esta afirmación tenemos la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2009.

La vulneración del derecho al honor por incorrecta inclusión en un fichero de morosos consolida la doctrina jurisprudencial sobre la inclusión indebida en un registro de morosos.

La Sala del Supremo mantiene que la inclusión, faltando a la veracidad, por una entidad, en un registro de solvencia patrimonial implica un atentado al derecho del honor del interesado que ha aparecido erróneamente en tal registro.

De esta forma el Supremo reitera la doctrina jurisprudencial que ya sentó la sentencia de 5 de julio de 2004 que contempló el caso de la inclusión de una persona en el “Registro de aceptaciones impagadas” por impago de unas letras de cambio cuya firma en la aceptación era falsa. Se señala que la existencia de estos registros “es práctica bancaria que exige una correcta utilización, por lo que ha de rechazarse cuando se presenta abusiva y arbitraria como aquí sucede, ya que evidentemente la inclusión en el RAI resulta notoriamente indebida y no precisamente por error cuando era conocido que no se trataba de persona morosa”.

Y respecto a la vulneración del derecho al honor, concluye que “lo conforma el hecho probado de la inclusión indebida en el registro de morosos, por deuda inexistente, lo que indudablemente, sobre todo tratándose de una persona no comerciante, supone desmerecimiento y descrédito en la consideración ajena (artículo 7-7 Ley Orgánica 1/1982), pues esta clase de registros suele incluir a personas valoradas socialmente en forma negativa o al menos con recelos y reparos, sobre todo cuando se trata de llevar a cabo relaciones contractuales con las mismas”.

De esta forma diversas sentencias han condenado recientemente a operadoras de telefonía y bancos a indemnizar a los ciudadanos perjudicados con importes que van de los 6.000 a los 10.000 euros por vulnerar el derecho al honor de las personas que incluyeron indebidamente en registros de morosos.

En los casos que se han condenado a los acreedores, según las sentencias emitidas por los jueces, las deudas, objeto de controversia judicial, atribuidas por las entidades acreedoras eran inciertas, por lo que la inclusión de ambas deudas en registros de mora constituye un atentado contra el derecho al honor. De acuerdo con las sentencias de los tribunales, cuando no exista deuda vencida y exigible –por ejemplo al ser cuestionada en el procedimiento judicial–la inclusión del cliente en un fichero de solvencia patrimonial durante uno o varios meses publicando su carácter de moroso, incumple el artículo 29.4 de la Ley de Protección de Datos y la instrucción 1/1995 de la AEPD, lo que supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor del perjudicado.

En cuanto a los daños morales, puesto que los mismos se presumen (artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982), para cuantificarlos hay que estar al caso concreto y sus circunstancias. Por ejemplo uno de los criterios es el tiempo que permanecieron los datos del perjudicado en el registro de morosidad, el número de consultas que se produjeron y los créditos que le fueron denegados al afectado por el hecho de aparecer como moroso en el fichero.

Como muestra de la reciente jurisprudencia sobre la materia, tenemos la sentencia con que en abril de 2012 el Tribunal Supremo ha condenado a una entidad financiera de créditos al consumo a indemnizar con 12.000 euros a una ciudadana vecina de Valencia, por incluir sus datos personales en una base de datos de morosos por un impago que nunca cometió. La demandante alegó que una persona suplantó su identidad y contrajo una deuda en su nombre. La Sala Primera ha estimado el recurso de la afectada y ha anulado la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 17 de Valencia dictada en 2009 que absolvía al Banco S.A. de intromisión ilegítima en el derecho a su honor. La sentencia, con ponencia del magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, reconoce los daños morales sufridos por la recurrente al entender que la inclusión indebida en un fichero de solvencia patrimonial provoca según el Supremo: “un menoscabo de su buen nombre, de la consideración social o económica de la titular de los datos” y, además la sentencia aclara que: “en definitiva, una intromisión en su dignidad o prestigio y un notorio descrédito”. Los magistrados del Supremo han valorado el tiempo en el que los datos permanecieron en el fichero que fue desde el 24 de junio de 2003 hasta el 11 de febrero de 2005, y que los mismos fueron consultados hasta en tres ocasiones para cuantificar el daño moral. La resolución declara probado que la mujer interpuso una demanda contra el Banco y la sociedad titular del registro de mora, Asnef Equifax, por haber incluido su nombre en una base de morosos, lo cual afectó a la reputación y buen nombre de la perjudicada al impedirle acceder a un crédito para comprarse un coche. En cambio la sociedad Asnef Equifax, que fue la empresa que prestaba servicios de información sobre solvencia patrimonial, ha resultado totalmente absuelta por el Supremo. La ciudadana afectada intentó comprarse un vehículo pero otro banco le denegó el crédito al observar que aparecía como morosa en el fichero de solvencia patrimonial. Ella alegó que una persona le había suplantado su personalidad y había falseado su firma al presentarse con su DNI en el banco y solicitar un préstamo para adquirir electrodomésticos. La sentencia del Tribunal Supremo invoca jurisprudencia que establece que: “la inclusión indebida de datos de personas físicas constituye un supuesto de intromisión ilegítima en el honor pero no en la intimidad, pues la publicación de la morosidad de una persona incide negativamente en su buen nombre, prestigio y reputación; en suma, en su dignidad personal”.

La sentencia del más alto tribunal considera intranscendente que el registro de solvencia haya sido o no consultado por terceras personas y argumenta que: “es suficiente que la posibilidad de conocimiento público del dato de la morosidad, y que esta salga de la esfera interna del conocimiento entre acreedor y deudor, para pasar a ser de conocimiento público”. Por todo ello, la Sala del Supremo concluye que existió intromisión ilegítima en el honor de la demandante ya que el crédito concedido por el Banco no era imputable a la misma y porque la citada entidad comunicó hechos no veraces a un registro de morosos, lo que constituye según el alto tribunal en: “una conducta contraria a los buenos usos y prácticas bancarios”.

Pere Brachfield, director de estudios de la PMCM y profesor de EAE Business School