Conoce los registros de solvencia patrimonial y los ficheros comunes de morosidad

El impago de una deuda puede tener como consecuencia la inclusión de los datos del deudor en un “fichero de morosos” y con ello me refiero a aquellos ficheros en los que se recogen datos sobre deudas vencidas y no pagadas o, como define muy acertadamente la Agencia de Protección de Datos AEPD en su Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, datos de carácter personal relativos al
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.

Este tipo de registros denominados legalmente “ficheros de información de solvencia patrimonial y crédito” quedan regulados en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999, de 13 de diciembre) y posteriormente desarrollado por los artículos 37 al 44 del Reglamento de Desarrollo, Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre.

Desde hace muchos años existen en España diversos ficheros de solvencia patrimonial que facilitan información sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, coloquialmente llamados ficheros de morosos y popularmente denominadas “listas negras”. Este tipo de registros de mora son utilizados por entidades bancarias, cajas de ahorros, compañías operadoras de servicios básicos, emisores de tarjetas de crédito, entidades financieras de todo tipo, empresas de telecomunicaciones, editoriales y compañías suministradoras de energía. En estos ficheros de morosidad se suele incluir a los datos de de personas físicas y jurídicas que han impagado sus créditos o incumplido el pago de sus facturas.

Actualmente diversas fuentes señalan que unos dos millones y medio de personas físicas y jurídicas están registrados en algún fichero de mora.

Los registros de morosos se encargan de reunir información sobre las personas que han tenido un impago o crédito en mora y que no han liquidado.

La información sobre el incumplimiento de una obligación dineraria del deudor moroso que ha sido incluida en el fichero ya no será conocida únicamente por su acreedor, sino que todas las empresas que accedan al fichero para evaluar la solvencia y perfil pagador del afectado, podrán acceder a estos datos.

El objetivo de los ficheros de solvencia patrimonial es preservar la seguridad en el tráfico económico y permitir detectar a los morosos con el fin de proteger el libre intercambio mercantil en condiciones de seguridad y solvencia para las empresas y el mercado. En consecuencia se trata de instrumentos con un fin legítimo, lícito y útil a la salvaguarda de un interés general.

En la actualidad hay cerca de 4.200 ficheros de morosos, que han sido debidamente autorizados por el Tribunal de Defensa de la Competencia e inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aunque solo tienen actividad regular unos 120 ficheros.

La justificación de tales registros de solvencia es dotar de mayor seguridad al tráfico económico por lo que se permite fichar a los deudores con el fin de proteger el libre intercambio mercantil en condiciones de seguridad y solvencia para las empresas y el mercado. El modo de hacerlo es a través de un instrumento que almacena información al efecto, es decir un registro organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso a los datos sobre el incumplimiento de obligaciones de pago, con arreglo a criterios determinados de almacenamiento, y organización.
Nadie duda de que las entidades financieras y las empresas no financieras que otorgan o venden a crédito a los particulares obtienen de los ficheros de morosos valiosa información a la hora de tomar decisiones para la concesión o denegación de un crédito.
A los ficheros de morosidad se les ha criticado porque para los afectados su inclusión en los mismos puede constituir una auténtica pesadilla y no pocos quebraderos de cabeza. Y es que figurar como moroso en alguno de los principales registros de solvencia no resulta una buena tarjeta de presentación. Así pues al perjudicado se le cierran a cal y canto las puertas del crédito dinerario y de compras a plazos, así como la posibilidad de solicitar el alta en servicios de telecomunicaciones.

En relación con las críticas vertidas contra los ficheros de morosidad, ciertos colectivos los han acusado de que, en ciertas ocasiones, tales registros de mora son utilizados por las empresas acreedoras como un instrumento coercitivo, para forzar el pago del deudor. Asimismo se les ha acusado de estigmatizar a los deudores.
El famoso fichero Registro de Aceptaciones Impagados, más conocido como el RAI, (tan temido en las décadas de los sesenta y setenta) fue el primer conjunto organizado de datos de incumplimiento de las obligaciones dinerarias (al principio letras de cambio aceptadas), que permitía el acceso a los datos con arreglo a la tecnología preinformática. El RAI es un fichero de titularidad privada que recoge los datos de los documentos cambiarios y efectos de comercio aceptados con función de giro a cargo de personas jurídicas y que hayan resultado impagados al vencimiento.

Hoy en día el RAI funciona, únicamente, para personas jurídicas, y no para personas físicas.

Hay que hacer notar que es un registro que tiene una peculiaridad en relación al resto de los ficheros de mora, y es que la comunicación del impago no la hace directamente el proveedor o acreedor sino la entidad bancaria que ha gestionado el cobro o descuento del título cambiario. No obstante dado que los documentos cambiarios solo representan el 0,70% sobre el total de operaciones de pago realizadas y menos del 4% de todos los importes cobrados en las operaciones mercantiles, su importancia en la época actual resulta irrisoria.

Asimismo existen diversos registros comunes de morosidad especializados en recoger los impagos entre empresas (mucho menos conocidos que los ficheros de Asnef-Equifax o Badexcug-Experian) y que pueden ser utilizados por empresas de cualquier sector para incluir a sus clientes morosos. Estos ficheros comunes de solvencia multisectorial son de carácter no restringido, y solo recogen datos sobre personas jurídicas, empresarios individuales o autónomos en el exclusivo ámbito de su actividad profesional o empresarial. Estos registros de solvencia contienen datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por los proveedores. La participación en este fichero común conllevará la posibilidad de consultar la información contenida en el mismo y a incluir los impagos de los deudores que sean personas jurídicas o empresarios individuales.

En este tipo de ficheros comunes de mora los acreedores pueden incluir las incidencias cuando hayan transcurrido, al menos, 30 días desde el vencimiento de la factura, aunque habitualmente los bancos esperan 90 días desde el vencimiento de la deuda, siempre y cuando el deudor no haya satisfecho las cantidades pendientes. Por imperativo legal, los acreedores no aportarán deudas que tengan una antigüedad superior a los seis años, contados a partir del día de vencimiento de la obligación dineraria incumplida.

 

Pere Brachfield

Profesor de EAE Business School